En febrero de este año, el presidente López Obrador envió un conjunto de iniciativas de reformas que han generado mucha conversación y debate en la sociedad mexicana. De estas propuestas, una ha destacado por su potencial impacto en las políticas de salud y justicia criminal del país. La propuesta busca modificar la Constitución Mexicana para criminalizar el consumo de fentanilo, un poderoso analgésico opioide con un potencial de adicción y sobredosis muy alto.
Los opioides, como el fentanilo, se han convertido en una crisis de salud pública a nivel mundial, y México no está exento de esta situación. El aumento en la demanda y uso ilícito de estos fármacos ha provocado una epidemia de sobredosis y muertes relacionadas con su consumo, que se ha agravado aún más por la falta de acceso a tratamientos apropiados para la adicción.
La propuesta de López Obrador es una respuesta a esta crisis, sin embargo, ha levantado preocupaciones entre los expertos en políticas de drogas y derechos humanos. Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora en temas de seguridad y justicia penal, ha expresado su #opinión en relación a esta iniciativa.
Sus críticas se centran en la visión punitiva que implica criminalizar el consumo de drogas. Señala que, en lugar de desincentivar su uso, la criminalización a menudo conduce a un ciclo de estigma y marginalización que dificulta la recuperación y la reinserción social de los usuarios de drogas. Además, argumenta que esta medida puede ser contraproducente en el sentido de que puede desviar recursos valiosos que podrían utilizarse en estrategias más efectivas para abordar el problema.
Pérez Correa aboga por un enfoque más humano e integral en la política de drogas, que priorice la prevención, el tratamiento y la reducción de daños antes que el castigo. Ella sugiere que, en lugar de impulsar reformas que criminalizan, es necesario invertir en programas de tratamiento y educación, además de fortalecer los servicios de salud y justicia que brinden apoyo a los usuarios de drogas.
En este debate crucial, la opinión de Catalina Pérez Correa nos ofrece una perspectiva crítica y complementaria a la propuesta del presidente López Obrador, que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas de drogas justas, efectivas y fundamentadas en la evidencia científica. En última instancia, llama a un cambio de paradigma en cómo se comprende y se aborda el problema del uso de drogas y la adicción en México.
